E l planeta Tierra está vivo; su edad, dimensiones y características van más allá de lo que cualquier ser humano pudiera controlar. A pesar de que los fenómenos naturales siempre han estado presentes, la sociedad olvida rápidamente sus consecuencias sobre lo que hemos construido, material y socialmente, para subsistir. En este contexto, se considera que la relación entre el ser humano y la Tierra es sumamente compleja, dado que hemos modificado el medio ambiente para desarrollar nuestras actividades cotidianas, sin hacer un estudio o análisis de las consecuencias de estas acciones.

La ocurrencia de eventos catastróficos ha marcado la historia de las ciudades; a ello se suman los distintos elementos de vulnerabilidad de la población frente a los peligros a los que está expuesta, con lo cual se justifica la incorporación sistemática del tópico de los riesgos y desastres en las políticas públicas.

La política pública de protección civil nacional busca resolver el problema de la vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura pública ante los fenómenos perturbadores, es decir, la susceptibilidad o propensión a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un fenómeno perturbador. Establece que la vulnerabilidad tiene su origen en las relaciones entre tres factores importantes: el peligro de ocurrencia de fenómenos perturbadores de diversa naturaleza, la existencia de asentamientos humanos en zonas de riesgo y la presencia de infraestructura pública y privada no resiliente.

La política pública de protección civil nacional empezó a institucionalizarse en 1986. No obstante, carece de un diagnóstico general que permita determinar el grado de vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura pública.

En materia de prevención, presenta diversas debilidades, como la falta de planes y programas de protección civil en los órdenes de gobierno local y municipal, desvinculación de los programas de protección civil de los tres órdenes de gobierno, escaso ordenamiento territorial con base en las zonas de riesgo, carencia de análisis de riesgo para la construcción de infraestructura, un débil o carente sistema de sanciones por incumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil, insuficiencia y desactualización del marco regulatorio para la operación de la política pública, insuficientes capacitación del personal dedicado a las labores de protección civil, fomento de la cultura de protección civil y coordinación entre los integrantes del SINAPROC, así como inclinación hacia las medidas reactivas ante los desastres sobre las medidas preventivas y una débil inclusión de los sectores privado y social en el sistema.